La Justicia bonaerense suspendió a un camarista de San Isidro y lo apuntaron con seis cargos por acoso y mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento apartó preventivamente al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. La acusación inicial de una funcionaria judicial se amplió con seis imputaciones formales que incluyen acoso, malos tratos y uso indebido de recursos del Estado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, quien se desempeña en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida se adoptó en el marco del expediente caratulado por acoso sexual y otras irregularidades administrativas, y se suma a la licencia que el magistrado ya venía cumpliendo por disposición de la Suprema Corte provincial.
El trámite se originó en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales, y acompañó la presentación con chats y audios como respaldo probatorio.
Seis imputaciones y una investigación penal en curso
A partir de esa presentación se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.
De acuerdo con lo probado hasta el momento en la instrucción, los cargos formulados contra García Maañón son los siguientes:
- Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia inicial de la funcionaria y el material aportado.
- Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
- Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
- Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
- Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
- Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.
El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. Distinguiendo lo probado de lo que aún sostiene la investigación, lo acreditado hasta el momento es la denuncia original con sus elementos de respaldo y el avance formal del jury; la configuración definitiva de cada uno de los seis cargos surgirá de la valoración de la prueba que se producirá en lo sucesivo.
El próximo paso procesal es la producción y valoración de la prueba incorporada al expediente, tras lo cual el Jurado deberá resolver sobre la procedencia de la acusación y, eventualmente, fijar fecha para el debate de enjuiciamiento, instancia en la que se definirá si el magistrado es destituido o sobreseído.
