Salud mental en Argentina: el sistema público provincial, al borde del colapso por una demanda que crece sin freno

El pasillo del Senado, en una de esas jornadas donde se cruzan asesores con carpetas bajo el brazo y funcionarios que buscan una cámara antes del cierre, fue esta semana el escenario de un dato que los organizadores prefirieron no atenuar: las internaciones por problemas de salud mental crecieron 42% en Argentina entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% sólo en los últimos doce meses. La cifra no provino de una consultora ni de un sondeo de opinión, sino de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y elaborado con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias, que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También participaron, en calidad de adherentes, Entre Ríos y Río Negro. Sigamos la plata, como se dice en la jerga de los pasillos: lo que el informe muestra, ante todo, es que el sistema público de salud mental está absorbiendo una demanda que crece al ritmo de una crisis social sostenida.

Cifras, jurisdicción por jurisdicción

Las provincias que aportaron datos son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El cuadro consolidado arrojó dos movimientos simultáneos: por un lado, las consultas ambulatorias subieron 23% en el último año; por el otro, las internacionales subieron 42% en el trienio, con 12% adicional en los últimos doce meses. La combinación es leída por los equipos técnicos como un indicador de gravedad creciente: cuando las consultas ambulatorias suben al ritmo en que lo hacen las internacionales, no se está frente a un fenómeno meramente perceptual, sino frente a una población que llega a los hospitales en condiciones más severas.

• Consultas ambulatorias por salud mental: aumento del 23% en el último año.
• Internaciones por salud mental: aumento del 42% entre 2023 y 2026, con 12% adicional en los últimos doce meses.
• Cobertura del relevamiento: 14 provincias que concentran más del 70% de la población argentina, con adhesión de Entre Ríos y Río Negro.
• Nuevas camas incorporadas: al menos 388 entre 2021 y 2026 en hospitales generales.
• Provincias que ampliaron la red comunitaria: 13 de las 14 relevadas, mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos de abordaje de consumos problemáticos.
• Provincia de Buenos Aires: el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental.

Quiénes llegan y por qué

El informe identifica dos vectores principales detrás del incremento. El primero es etario: la demanda crece con especial intensidad entre niñas, niños y adolescentes, un segmento que venía ganando terreno en las estadísticas de consultas pero que ahora aparece como protagonista del salto en las internacionales. El segundo vector es previsional, y no es menor: una proporción significativa de quienes llegan al sistema público son personas que perdieron cobertura de obras sociales o de empresas de medicina prepaga y migraron al hospital público como única puerta de entrada. En la provincia de Buenos Aires, el dato es elocuente: el 30% de las atenciones en guardias hospitalarias corresponde a problemáticas de salud mental. La consecuencia operativa es directa: el Estado provincial termina financiando lo que el sistema privado dejó de sostener, sin que ese traspaso haya sido acompañado por una reasignación equivalente de recursos.

Entre 2021 y 2026, las provincias incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales y 13 de las 14 jurisdicciones relevadasexpandieron sus redes comunitarias mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para consumos problemáticos. La inversión, sin embargo, resultó insuficiente a la luz de la demanda. Las propias autoridades provinciales calificaron a esas capacidades como sobreexigidas y reconocieron dificultades concretas para completar equipos profesionales en disciplinas consideradas críticas, como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada.

El debate en el Senado y los puntos de conflicto

El relevamiento fue presentado en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon, en el documento elevado a los legisladores, que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar, a la vez, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Como prioridades explícitas, los ministerios provinciales enumeraron cuatro ejes: aumento de la inversión, ampliación de infraestructura y recursos humanos, garantía de acceso a medicamentos y producción de información epidemiológica nacional de calidad. A esos cuatro puntos sumaron un reclamo de carácter institucional: la necesidad de recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, deteriorada, según plantearon, en los últimos años.

“La propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.”Autoridades sanitarias provinciales reunidas en el Senado

Lo que queda sobre la mesa, después del encuentro en el Senado, es una fotografía incómoda para el debate legislativo. Por un lado, los datos epidemiológicos muestran que la demanda crece y se profundiza, con más internacionales y más consultas ambulatorias, con un componente pediátrico en ascenso y un trasvase constante desde el sistema privado al público. Por el otro, los ejecutores provinciales de la política sanitaria sostienen que la reforma que se discute no sólo no atiende ese cuadro, sino que retrocede en garantías ya conquistadas. Si el Congreso pretende modificar una ley que rige desde hace más de una década, tendrá que responder, como mínimo, a la pregunta que formularon los ministros de Salud provinciales: de dónde saldrá la plata para sostener un sistema que, en los números fríos del relevamiento de la Universidad Nacional de Lanús, ya está corriendo detrás de la demanda. La respuesta, hasta ahora, no aparece en el texto de la reforma.