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Entra en vigencia el nuevo régimen penal juvenil y se redefine la responsabilidad de los adolescentes de 14 años

La ley 27.801 comenzó a regir este sábado en todo el país, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y contempla penas de hasta 15 años de privación de libertad para los delitos más graves. Al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del nuevo esquema por haber cometido los hechos antes de la entrada en vigencia.

Por Valentina IriartePoliciales y judiciales · 5 de septiembre de 2026 · hace 2 h

La ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil en la Argentina, entró en vigencia este sábado, una vez cumplidos los 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. La norma, sancionada por el Congreso y luego reglamentada, fija en 14 años el umbral de imputabilidad penal y diseña un sistema de sanciones graduadas de acuerdo con la gravedad del delito investigado y, en su caso, acreditado en sede judicial.

Con la reforma, los adolescentes de 14 y 15 años dejan de ser considerados inimputables y quedan alcanzados por la ley penal, aunque bajo reglas específicas que los diferencian de los mayores de edad. El texto mantiene la privación de libertad como una herramienta reservada para los hechos más graves, en especial los homicidios dolosos, y prevé para esos casos la posibilidad de arresto domiciliario, internación en un establecimiento de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención.

Escala de penas y reglas de cumplimiento

  • La pena máxima aplicable a un menor de edad se fija en 15 años de prisión.
  • Dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo la modalidad de libertad condicional, lo que en la práctica deja un tope de encierro efectivo cercano a los diez años.
  • Para delitos de menor gravedad, como hurtos y robos sin armas, la ley autoriza sanciones alternativas al encierro.
  • Incluso en robos agravados con armas de fuego, los jueces conservan la facultad de sustituir la prisión por medidas como tobilleras electrónicas, prohibición de concurrir a determinados lugares o, en situaciones extremas, separación del adolescente de su entorno familiar, siempre que se acredite que ese entorno favorece la actividad delictiva.

La aplicación de las penas alternativas exige, de manera concurrente, un dictamen pericial favorable, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la intervención previa de la víctima. El régimen además condiciona esas salidas a que el adolescente no registre condenas anteriores ni procesos con auto de procesamiento firme.

Los casos que quedaron fuera del alcance de la ley

Entre la sanción de la norma y su entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del nuevo régimen por razones de imputabilidad temporal. La mayoría de ellos, al momento del hecho, tenía entre 14 y 15 años y habría permanecido bajo el criterio anterior de inimputabilidad. Entre esos expedientes se encuentra el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, en el que los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial a la espera de la decisión de un juez de garantías, pero no enfrentarán un proceso penal ni una condena bajo la nueva ley.

Hasta la entrada en vigencia de la 27.801, un menor declarado inimputable podía permanecer internado en un instituto hasta los 18 años, sin que quedara registro de antecedentes penales. Con el nuevo esquema, los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos a partir de este sábado quedan sujetos a un proceso penal con reglas propias y, eventualmente, a condenas con cumplimiento efectivo.

Fuentes con responsabilidad en la gestión del flamante régimen confirmaron que la reglamentación quedó completa y que las provincias trabajan en la readecuación de sus dispositivos de contención y encierro. La implementación marca un cambio de paradigma en la materia: el paso de un esquema tutelar, centrado en la protección del menor, a un régimen de responsabilidad penal juvenil con escala de penas propia, en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

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Valentina IriartePoliciales y judiciales

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