El vaciamiento de Devoto entra en su tramo decisivo: más de 1.050 internos ya fueron derivados a Marcos Paz

La carátula que orienta el expediente judicial en curso gira en torno de los reclamos por las condiciones del traslado de internos desde la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Federal —el penal de Devoto— hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Santiago Bignone. El operativo de vaciamiento avanza desde el viernes pasado a ritmo sostenido y, según los registros oficiales, ya fueron trasladados más de 1.050 detenidos, es decir, casi el 60 por ciento de las aproximadamente 1.500 personas que el establecimiento albergaba hasta la semana anterior.

Desde el viernes, el perímetro del penal amaneció vallado y los vecinos de Devoto deben identificarse para acceder a sus domicilios, en medio de cortes de calle intermitentes. El cronograma se cumplió por pabellón: el lunes salieron los pabellones externos 50 y 52, y el martes partieron nueve cápsulas adicionales —cada cápsula es un operativo conjunto de traslado integrado por camionetas y micros escoltados por la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad—.

Logística oficial y datos de la población trasladada

• 1.050 internos ya fueron derivados, casi el 60 por ciento de la población carcelaria previa.
• 3.000 bolsones precintados para efectos personales, según el SPF.
• Monitoreo por GPS en los vehículos, triaje médico y pulseras con código QR para identificación.
• 224 teléfonos públicos instalados y un canal de consultas por WhatsApp habilitado en el nuevo destino.
• Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) con corte a diciembre de 2024, el 61,5 por ciento de los detenidos estaba procesado y el 38,5 por ciento condenado, con edades entre 21 y 70 años y un promedio de 35.

Lo que la investigación judicial tiene por acreditado hasta aquí es la magnitud del operativo y el cumplimiento del cronograma de salidas por pabellón, conforme los partes del Servicio Penitenciario Federal. Lo que sostienen los detenidos y sus defensores, en cambio, es que esos 3.000 bolsones no llegaron a manos de sus destinatarios en el Complejo VIII, incluso 48 horas después del traslado. Al menos el sector AC1 de la Unidad 1 organizaba una huelga de hambre para exigir la entrega de ropa, elementos de higiene y abrigo, en un contexto donde, según pudo reconstruir la defensa, los internos están recibiendo racionamiento alimentario acotado en el nuevo edificio.

“Mi cliente no tiene ni una foto ni una frazada. El Servicio Penitenciario Federal nos manifestó que compensará las visitas con más tiempo una vez completado el operativo.”Patricia Croitoru, defensora de Eduardo Vásquez, uno de los internos trasladados el domingo.

Los reclamos se extienden, además, al régimen de progresividad de la pena: quienes se hallaban en el pabellón externo 50 con régimen semiabierto vieron suspendidos en forma transitoria esos beneficios, a la espera de una revisión que aún no fue calendarizada. La distinción resulta central: mientras el traslado masivo ya es un hecho probado y documentado, la pérdida de condiciones de detención y de régimen se presenta como hipótesis en etapa de investigación, a la espera de lo que resuelva el juzgado interviniente.

En ese marco, el juez Santiago Bignone rechazó en la noche del lunes un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación que buscaba garantías específicas sobre los traslados, especialmente en lo referido a la entrega de pertenencias, la conservación del régimen semiabierto y la atención médica durante el desplazamiento. Con el rechazo, la cuestión quedó habilitada para ser revisada en otra instancia, aunque la marcha del operativo no se detuvo. El próximo paso procesal será la audiencia de revisión de los regímenes suspendidos, cuya fecha aún no fue fijada en forma oficial por el juzgado a cargo del magistrado.