Extienden hasta 2027 la compatibilidad entre empleo rural temporario y planes sociales

Para miles de familias rurales argentinas, cada campaña agrícola plantea el mismo dilema de todos los años: aceptar un empleo registrado durante la temporada de cosecha y arriesgar así la pérdida de los planes sociales que sostienen al hogar durante los meses en los que no hay trabajo en el campo, o mantenerse al margen de la registración para no resignar esa red de contención. Un régimen que entró en vigencia en 2021 vino a resolver esa encrucijada, y esta semana fue prorrogado por doce meses más, hasta el 1 de septiembre de 2027, mediante el Decreto 1204/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La norma aplica a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales y a los comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial. De acuerdo con la información oficial, alrededor de 50.000 personas están alcanzadas por la medida, que también cubre a unos 83.000 hijos de los aportantes.

Qué beneficios se conservan durante la cosecha

El aspecto central del régimen es que el trabajador que ingresa a una campaña agrícola no pierde de manera automática sus prestaciones sociales. Durante el período de contratación formal, los beneficiarios mantienen las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar y el programa Volver al Trabajo, según las condiciones particulares de cada caso y de cada prestación.

Un punto especialmente relevante para el ingreso de los hogares es que las asignaciones familiares correspondientes a estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo. Esa cláusula fija un piso mínimo que opera independientemente de la duración de la temporada de trabajo y blinda a las familias con hijos frente a la pérdida de poder adquisitivo durante los períodos de cosecha.

Transición hacia el empleo formal pleno

Cuando la relación laboral se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de los programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte de la remuneración percibida por el trabajador. El mecanismo apunta a facilitar la transición hacia un empleo formal pleno, sin que el asalariado sufra un recorte brusco en sus ingresos al consolidarse la inserción laboral.

Incentivos para los empleadores y advertencia gremial

El esquema también contempla una reducción de las contribuciones patronales para aquellos empleadores que contraten bajo las modalidades de temporario o permanente discontinuo, un incentivo orientado a promover la registración laboral en un sector históricamente atravesado por la informalidad.

Antes de la renovación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había alertado que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La prórroga del decreto llega, en ese contexto, como una respuesta a un reclamo gremial que llevaba varios meses en la agenda del sector agropecuario y de las economías regionales.