Pandanés, una de las cadenas emblemáticas de panaderías del AMBA, quedó al borde de la quiebra con 150 empleados en la calle

La cadena de panaderías Pandanés, que llegó a operar veinticinco sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires y empleaba a alrededor de ciento cincuenta personas, cerró la totalidad de sus locales y desvinculó a su personal en medio de una crisis económica-financiera que la propia empresa describió como irreversible, según surge del expediente radicado en el Juzgado Comercial N.º 15 a partir del pedido de quiebra presentado por la compañía. La firma arrastraba una cesación de pagos desde octubre de 2025 y acumulaba un pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos en el momento en que se declaró el concurso preventivo.

Una planta sobredimensionada en un mercado que se contrajo

Vamos a los números. El corazón productivo de Pandanés es una planta industrial de mil setecientos setenta y ocho metros cuadrados inaugurada en noviembre de 2022, cuando el negocio crecía y la estrategia pasaba por abastecer hasta cincuenta locales propios. Esa inversión quedó rápidamente sobredimensionada: la cadena terminó el ciclo con apenas veinticinco sucursales y, sobre el final, con todas cerradas, de modo que la capacidad instalada superó con holgura la demanda efectiva. El resultado fue un desbalance entre costos fijos —alquileres, energía, salarios y estructura administrativa— e ingresos declinantes, una ecuación que, según la propia compañía, explique buena parte del deterioro patrimonial que desembocó en la presentación judicial.

La caída del consumo que la firma reportó ante el juzgado superó el 50% del volumen histórico de ventas, una contracción que se combina con el encarecimiento de insumos clave —en especial la harina, afectada por la suba internacional del precio de los granos— y con el alza de servicios y de salarios ajustados por paritarias. Para dimensionar el contexto: a igual mes de 2024, las ventas del rubro panaderías en centros de consumo masivo ya venían mostrando un retroceso sostenido, de acuerdo con mediciones de cámaras empresarias del sector, y el promedio nacional de facturación de panaderías industriales se mantuvo en 2025 por debajo de los niveles de 2023, lo que sugiere que la crisis de Pandanés se inscribe en una tendencia más amplia del segmento, aunque con matices propios.

“Estos factores, sumados a la imposibilidad de revertir el sobredimensionamiento de la planta industrial, provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos de la sociedad, tornando inviable la continuación de la explotación”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés, en la presentación judicial

Antes de pedir la quiebra, la empresa asegura haber intentado renegociar contratos de alquiler con los dueños de los inmuebles donde funcionaban los locales, sustituir proveedores y acordar planes de pago con el fisco para regularizar deudas tributarias y previsionales. Sin embargo, según detallaron sus abogados en el escrito inicial, ninguna de esas medidas alcanzó para estabilizar la operatoria ni para cubrir el flujo de fondos necesarios para sostener la actividad.

La Justicia optó por el salvataje en lugar de la quiebra

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra formulado por la propia deudora y ordenó la apertura de un registro por cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajo u otros eventuales interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o, eventualmente, ofertas para adquirir las cuotas sociales de Pandanés. El magistrado fundó su resolución en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que dispone que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales de procedencia, entre ellos la posibilidad concreta de que un tercero interessado formule una propuesta superadora.

La intervención de la sindicatura incorporó, además, observaciones relevantes para el devenir del proceso. En su dictamen, el síndico advirtió que la empresa no habría acreditado el pago regular de los aportes a la obra social, a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y a la seguridad social correspondientes a los últimos períodos, un punto sensible porque esas obligaciones tienen privilegios especiales en el orden de cobro y, de no regularizarse, podrían complicar la aprobación de cualquier propuesta de acuerdo preventivo.

Trabajadores despedidos por WhatsApp y a la espera de sus telegramas

• Los alrededor de 150 empleados fueron notificados de la desvinculación a través de mensajes de WhatsApp enviados de manera masiva por la administración de la firma, sin que hasta el momento se les haya entregado el telegrama de despido formal que la Ley de Contrato de Trabajo exige como recaudo esencial para validar la extinción del vínculo laboral.
• Los trabajadores tampoco pudieron retirar sus pertenencias de los locales —indumentaria, herramientas de trabajo y objetos personales— porque las sucursales quedaron bajo custodia o cerradas tras el cese de actividades, lo que generó un cuadro administrativo adicional que se suma a la falta de cobro de las indemnizaciones correspondientes.
• La representación gremial evalúa distintas vías de reclamo: por un lado, acciones individuales por despido indirecto ante el fuero laboral; por otro, presentaciones en el expediente concursal para hacer valer los créditos laborales, que gozan de privilegio especial y, en caso de verificarse la quiebra, deben ser abonados de manera previa al resto de los acreedores quirografarios.
• El procedimiento de salvataje abierto por el juzgado podría abrir, en el mejor de los escenarios, una puerta para que los propios trabajadores —organizados en una cooperativa— ofrezcan hacerse cargo de la explotación y conservar fuentes de trabajo, una figura que la Ley de Concursos y Quiebras contempla y que otras cadenas de distinta extracción han utilizado en los últimos años para reordenar unidades productivas en crisis.

En definitiva, el expediente de Pandanés combina tres dimensiones que rara vez se presentan en simultáneo: una crisis sectorial con caída del consumo superior al 50%, una estructura productiva sobredimensionada respecto de la demanda efectiva y un cuadro laboral con empleados que aún no recibieron sus telegramas de despido y permanecen a la espera de una definición tanto en el juzgado comercial como en el fuero laboral. El desenlace dependenderá, en gran medida, de si en los próximos cinco días hábiles algún acreedor, inversor o cooperativa se presenta con una propuesta concreta de salvataje capaz de mantenerse en pie frente al pasivo de 1.200 millones de pesos y frente a las observaciones que la sindicatura ya dejó planteadas.