Un efectivo mendocino quedó imputado por abuso sexual dentro de una comisaría y la Fiscalía de Homicidios tomó el expediente

La Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo de la investigación, imputó formalmente al oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, de la Policía de Mendoza, por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones". El expediente se tramita en los tribunales del fuero penal de Mendoza y el hecho que se le endilga ocurrió dentro de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, donde la víctima se encontraba privada de su libertad.

La denunciante, de 42 años, estaba detenida en esa dependencia por causas vinculadas a estafas. Según declaró, el uniformado la trasladó desde la celda hasta el baño del establecimiento, donde se habría consumado el ataque. Aproximadamente una hora después del episodio, la mujer logró comunicarse con su abogado defensor y le refirió lo ocurrido, tras lo cual el letrado radicó la denuncia en forma inmediata ante el Ministerio Público Fiscal.

Las pruebas recogidas por el Cuerpo Médico Forense

El Cuerpo Médico Forense practicó pericias físicas y psicológicas sobre la denunciante y concluyó que existían rastros compatibles con una relación sexual. En el marco de la instrucción, el personal policial secuestró el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambas partes, cuyo examen arrojó resultados en igual sentido, según pudo reconstruir la pesquisa. Por lo probado hasta ahora, hay coincidencia entre los hallazgos forenses y el relato de la víctima; lo que aún resta acreditar, conforme a la línea investigativa que impulsa la Fiscalía, es la mecánica exacta del hecho y la participación de otros eventuales responsables.

Situación administrativa del efectivo y pasos procesales

En el plano interno, Moyano Sánchez se desempeñaba como escribiente al momento del hecho y no portaba arma reglamentaria, dado que registraba una causa previa por violencia de género y se encontraba bajo seguimiento psicológico. Tras la audiencia de imputación, fue detenido y trasladado a las celdas del Polo Judicial, a disposición del juez que entiende en la causa. En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia resolvió el apartamiento inmediato del efectivo y abrió el camino para su pase a situación pasiva.

La instrucción avanza sobre múltiples frentes: se analizan las cámaras de seguridad de la Comisaría Séptima, los libros de movimientos y de detenidos, y los testimonios de las demás mujeres que estaban alojadas en esa dependencia durante el período en el que se habría producido el hecho. La Fiscalía sostiene que, por el contexto de encierro, la víctima no estaba en condiciones de prestar un consentimiento válido, lo que configura la agravante prevista en el Código Penal para los abusos sexuales cometidos por personal de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

• Control de cámaras en comisarías con monitoreo externo y registro auditable.
• Revisiones médicas periódicas y obligatorias a toda persona detenida, a cargo de profesionales independientes de la fuerza.
• Protocolos estrictos para el traslado de detenidos dentro de la dependencia, con registro de quién acompaña y por qué.
• Separación de funciones entre el personal de seguridad y el que tiene trato directo con personas privadas de libertad.
• Verificación de antecedentes y situaciones administrativas pendientes, como causas por violencia de género, antes de asignar tareas con detenidos.
• Acceso irrestricto a un teléfono y a la asistencia de un abogado defensor desde el momento de la detención.

El paso procesal que sigue es la formulación de cargos, con la correspondiente audiencia ante el juez que tiene a su cargo el expediente, en una fecha que aún no fue notificada de manera oficial. Hasta tanto se resuelva esa instancia, el oficial ayudante permanece detenido en el Polo Judicial y la investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional.