Detectan una presunta ruta de lavado entre el Puerto de Rosario, capitales españoles y el narcotráfico local

Valentina Iriarte, Policiales y judiciales. Cinco fiscales federales pidieron esta semana una serie de detenciones en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público habría sido utilizada durante casi dieciséis años para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de drogas en Rosario. El expediente, que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Rosario, caratulado por los investigadores como una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, apunta al exdirector de Terminal Puerto Rosario (TPR) Gustavo Pedro Shanahan y al empresario catalán Jordi Pujol Ferrusola, entre otros imputados.

El expediente se apoya en tres pilares probatorios que, según el dictamen del Ministerio Público Fiscal, se encuentran acreditados en la causa, y un cuarto tramo que los investigadores describen como hipótesis en desarrollo. Entre lo probado, los fiscales mencionan la condena dictada en 2023 contra Shanahan, contador de 67 años y expresidente de la terminal, a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano; el fallo de la justicia española de 2021, confirmado en instancia superior, que declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol; y el ingreso de 1.850.000 euros entre 2004 y 2005 a TPR desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola.

El primer eslabón: una cueva y la condena por narcotráfico

La pesquisa reconstruye que Shanahan operaba desde una financiera ubicada en calle España al 889, uno de los locales de cambio informal más grandes de Rosario. Según consta en el expediente, desde allí proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento concretado en octubre de 2021 en ese domicilio permitió secuestrar más de 34 millones de pesos en efectivo, distintas divisas, algo más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego, elementos que la justicia consideró parte de la estructura probatoria del proceso anterior y que ahora se reincorporan al nuevo legajo como antecedente del rol cumplido por el contador.

El segundo eslabón: los fondos catalanes y la sentencia en España

Los investigadores sostienen, siempre distinguiendo lo acreditado de lo que forma parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que entre 2004 y 2005 ingresaron a la terminal 1.850.000 euros desde una sociedad offshore vinculada a Pujol Ferrusola. Ese capital se canalizó a una sociedad local que, con esos fondos, financió el crecimiento de la concesionaria del puerto. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, había concluido que el patrimonio acumulado por la familia Pujol durante décadas tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña. Para los fiscales argentinos, ese dinero, una vez ingresado al país, perdió su trazabilidad original.

El tercer eslabón: la venta de acciones y el regreso del dinero al exterior

El esquema que describe el Ministerio Público Fiscal funciona, según el dictamen, en tres movimientos sucesivos. En una primera etapa, los fondos de presunto origen ilícito entraban al puerto bajo la forma de inversión societaria. Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario de TPR se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que lo que había ingresado como aporte de capital salía formalmente como precio de venta, ya con apariencia lícita. Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda que los fiscales califican como simulado, por el cual se le transfirieron a Shanahan unos 850.000 dólares en cuotas, depositados en una cuenta en los Estados Unidos.

• Ingreso de 1.850.000 euros entre 2004 y 2005 desde una offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, declarado ilícita por la justicia española en 2021.
• Venta del paquete accionario de TPR entre 2010 y 2012 a firmas del agro, por la que los fondos regresaron al circuito legal como precio de transferencia.
• Convenio de deuda posterior por 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en Estados Unidos a nombre de Shanahan.
• Embargo solicitado sobre bienes por alrededor de 100 millones de dólares, que incluye inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

En el tramo final de la pesquisa, que los fiscales describen como hipótesis en desarrollo y no como extremo probado, se mencionan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, maniobra que, según el Ministerio Público Fiscal, habría tenido como único fin disolver el rastro del dinero. El pedido de embargo, que la Fiscalía cuantifica en torno a los cien millones de dólares, alcanza a bienes inmuebles, vehículos y participaciones societarias de los imputados. El expediente se encuentra a la espera de que el juzgado federal resuelva las medidas de detención solicitadas y, según se informó oficialmente, el próximo paso procesal será la audiencia de imputación formal, cuya fecha se estima para los primeros días de la semana próxima.