La Justicia procesó al exagente Martins por lavado y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos, en el marco de una pesquisa que reconstruye el circuito económico ligado a la explotación sexual de mujeres en distintos locales del ámbito porteño. Sobre el exintegrante de la SIDE, de 77 años, recae además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según surge de la resolución a la que tuvo acceso este medio.

El planteo de la defensa y los plazos discutidos

En su presentación ante el juzgado, Martins se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria y optó por entregar un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, de manera subsidiaria, la falta de mérito. Uno de los ejes centrales de su defensa fue la discusión en torno a las fechas de las maniobras que se le atribuyen.

• Sostuvo que las 26 operaciones investigadas, vinculadas con la compra de propiedades y la administración de sociedades, correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
• Argumentó que esos movimientos eran anteriores al período del delito de explotación sexual que consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Adujo que el antecedente condenatorio se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, y que las acusaciones por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata.

Servini rechazó ese planteo. Explicó que la fecha de constitución de las sociedades no es, por sí sola, un elemento suficiente para descartar maniobras posteriores de administración u ocultamiento de bienes de presunto origen ilícito. En sus términos, una firma creada con antelación puede ser empleada más adelante como vehículo para canalizar fondos ligados al delito, lo que obliga a evaluar el conjunto de las operaciones y no sólo su formal.

La magistrada ponderó de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración otorgados y la intervención de familiares del investigado. A partir de ese análisis, concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final en los registros.

El origen de la causa y los pasos que vienen

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de que una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad alertara sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. A partir de allí se sucedieron distintas líneas de investigación que derivaron, con el correr de los años, en el procesamiento ahora dispuesto.

Martins había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina, desde Cancún, quedó a cargo de las autoridades de ese país en el marco del trámite de extradición. Con el procesamiento con prisión preventiva firme, el expediente queda en condiciones de avanzar hacia la etapa de instrucción complementaria y, eventualmente, hacia el requerimiento de elevación a juicio, mientras se sustancia la situación procesal de los demás imputados que aún no fueron resueltos en la misma pieza.