Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Elevan a juicio oral a un efectivo de la UTOI de Puente 12 acusado de matar a un chofer de aplicación en La Matanza

La Justicia de Garantías de La Matanza envió a juicio a Matías Vizgarra Riveros por el asesinato de Cristian Pereyra, un docente de 39 años que manejaba de noche para la plataforma Didi; la familia reclama una instrucción suplementaria para identificar llamados y recuperar mensajes borrados del celular del policía.

Por Valentina IriartePoliciales y judiciales · 11 de septiembre de 2026 · hace 2 h

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años e integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12, fue enviado a juicio oral por el asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que trabajaba como chofer de la plataforma Didi para complementar el salario que percibía como maestro de una escuela técnica de La Matanza. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías N.° 5 de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco, y la acusación quedó radicada en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Adrián Arribas, quien imputó al policía los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae, y robo agravado por el uso de arma de fuego, con expectativa de pena de prisión perpetua.

De acuerdo con lo que sostienen los investigadores, la madrugada del 15 de marzo Pereyra tomó un viaje solicitado desde la localidad de Virrey del Pino. El pasajero era Vizgarra Riveros, que se encontraba fuera de servicio. En un tramo de la autopista Presidente Perón, en sentido hacia Ezeiza, el efectivo le disparó cinco veces con su pistola reglamentaria Bersa TPR9. La víctima alcanzó a avisar a la policía que había sido interceptado para robarle el vehículo, y luego falleció en el lugar. La autopsia determinó que el cuerpo presentaba diez orificios de bala.

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga en el Chevrolet Corsa II de la víctima y fue detenido horas después, cuando se secuestró el arma reglamentaria. El juez Banco dictó su prisión preventiva al considerarlo probable autor de los hechos. La instrucción distingue, por un lado, lo probado en torno a la mecánica del hecho y la identidad del tirador —determinada por distintas pruebas reunidas por la fiscalía— y, por otro, los puntos que la defensa de la familia considera pendientes de acreditación y que motivaron el pedido de instrucción suplementaria elevado al tribunal.

Qué reclama la familia antes del debate oral

  • Que se identifique a los titulares de los números de teléfono a los que Vizgarra Riveros habría llamado de manera reiterada después del crimen, para que declaren como testigos en la causa.
  • Que se profundice el peritaje sobre el celular del imputado con el objetivo de recuperar mensajes eliminados de WhatsApp e Instagram que no habrían surgido del primer análisis, que solo registró una página de conversaciones.
  • Que se incorpore el testimonio de un policía que cumplía adicionales en el Hospital Simplemente Evita de González Catán, quien aseguró haber recibido un mensaje del acusado preguntando si había ingresado un herido de bala a la guardia, comunicación que no figura en el aparato peritado.

El pedido fue formulado por el abogado Roberto Torres, representante de la familia de Pereyra, con el argumento de que la pesquisa quedó incompleta y de que existen indicios que sugieren movimientos posteriores del acusado tendientes a verificar el estado de la víctima y a coordinar lo que, según esa parte, fue una cadena de contactos no documentada. La solicitud de instrucción suplementaria deberá ser resuelta por el juez Banco antes del inicio del debate, en una fecha aún sin definir.

Mientras la causa avanza hacia el juicio oral, el expediente mantiene como ejes centrales de la acusación el uso del arma reglamentaria, la calificación de criminis causae —es decir, el homicidio cometido para procurar la impunidad del robo— y la condición de policía del acusado, que se encontraba franco de servicio al momento del hecho. El próximo paso procesal será la audiencia de elevación a juicio y, una vez firme, la fijación de fecha para el debate oral y público ante el Tribunal en lo Criminal que corresponda.

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Valentina IriartePoliciales y judiciales

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