El Gobierno de Mendoza puso en marcha un procedimiento gratuito para que los consumidores finales de la provincia puedan sentarse a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos para el consumo que estén comprometiendo de manera seria la economía del hogar. La herramienta, que ya funciona a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), no promete soluciones mágicas ni quita de capitales por decreto: cualquier cambio en las condiciones originales necesita el consentimiento expreso de los acreedores, que pueden ser bancos, entidades financieras, plataformas autorizadas, mutuales o cooperativas.
Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué parámetros
Para acceder al mecanismo, el solicitante debe tener domicilio real en Mendoza, ser considerado consumidor final y estar atravesando una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El parámetro objetivo que toma la Provincia como referencia es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente. En los casos definidos como de especial vulnerabilidad social, ese umbral se reduce al 25%.
- Hogares con menores de edad a cargo.
- Personas con discapacidad.
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
- Trabajadores desempleados.
- Beneficiarios de programas sociales.
- Trabajadores informales.
Además del requisito de vulnerabilidad económica, existe un tope al capital total adeudado: la solicitud procede únicamente cuando la deuda acumulada no supera el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. Si el pasivo excede ese límite, la OCDC no puede tomar el caso.
Qué deudas entran y cuáles quedan afuera del procedimiento
- Préstamos personales.
- Financiamiento de compras en comercios.
- Tarjetas de crédito emitidas por bancos, emisores y plataformas autorizadas.
- Créditos otorgados por mutuales y cooperativas.
Quedan expresamente excluidas de la conciliación las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco pueden canalizarse por esta vía los pasivos generados por actividades empresariales o comerciales que no estén vinculados al consumo del grupo familiar.
Qué se puede negociar y cómo se desarrolla el trámite
La instancia contempla varias alternativas para ordenar la situación: extensión de los plazos de pago, períodos de espera o gracia, eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y la posibilidad de acordar nuevos esquemas de cuotas que se ajusten a la capacidad real de pago del deudor. La Provincia aclara que ninguna de estas medidas se aplica de manera automática ni unilateral: la OCDC actúa como mediadora y la última palabra la tienen las partes involucradas.
El procedimiento se inicia con la presentación del solicitante ante la OCDC, donde debe detallar la nómina de acreedores, los importes adeudados y un estado actualizado de sus activos y pasivos. A partir de allí, Defensa del Consumidor corre traslado a cada acreedor, que dispone de hasta diez días hábiles para responder e informar su postura frente a la propuesta de reestructuración.
“Cualquier quita de capital, refinanciación o espera depende exclusivamente de que el acreedor acepte. La Provincia facilita la mesa, pero no puede obligar a nadie a cobrar menos ni a esperar más.”Mariano Etcheverry, Puerto y pesca
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