Mendoza abre un canal gratuito para que deudores de tarjetas y préstamos renegocien con sus acreedores

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un procedimiento gratuito para que los consumidores finales de la provincia puedan sentarse a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos para el consumo que estén comprometiendo de manera seria la economía del hogar. La herramienta, que ya funciona a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), no promete soluciones mágicas ni quita de capitales por decreto: cualquier cambio en las condiciones originales necesita el consentimiento expreso de los acreedores, que pueden ser bancos, entidades financieras, plataformas autorizadas, mutuales o cooperativas.

Quiénes pueden pedir la conciliación y bajo qué parámetros

Para acceder al mecanismo, el solicitante debe tener domicilio real en Mendoza, ser considerado consumidor final y estar atravesando una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El parámetro objetivo que toma la Provincia como referencia es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente. En los casos definidos como de especial vulnerabilidad social, ese umbral se reduce al 25%.

• Hogares con menores de edad a cargo.
• Personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Trabajadores desempleados.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

Además del requisito de vulnerabilidad económica, existe un tope al capital total adeudado: la solicitud procede únicamente cuando la deuda acumulada no supera el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención. Si el pasivo excede ese límite, la OCDC no puede tomar el caso.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera del procedimiento

• Préstamos personales.
• Financiamiento de compras en comercios.
• Tarjetas de crédito emitidas por bancos, emisores y plataformas autorizadas.
• Créditos otorgados por mutuales y cooperativas.

Quedan expresamente excluidas de la conciliación las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco pueden canalizarse por esta vía los pasivos generados por actividades empresariales o comerciales que no estén vinculados al consumo del grupo familiar.

Qué se puede negociar y cómo se desarrolla el trámite

La instancia contempla varias alternativas para ordenar la situación: extensión de los plazos de pago, períodos de espera o gracia, eliminación de intereses punitorios y cargos por mora, y la posibilidad de acordar nuevos esquemas de cuotas que se ajusten a la capacidad real de pago del deudor. La Provincia aclara que ninguna de estas medidas se aplica de manera automática ni unilateral: la OCDC actúa como mediadora y la última palabra la tienen las partes involucradas.

El procedimiento se inicia con la presentación del solicitante ante la OCDC, donde debe detallar la nómina de acreedores, los importes adeudados y un estado actualizado de sus activos y pasivos. A partir de allí, Defensa del Consumidor corre traslado a cada acreedor, que dispone de hasta diez días hábiles para responder e informar su postura frente a la propuesta de reestructuración.

“Cualquier quita de capital, refinanciación o espera depende exclusivamente de que el acreedor acepte. La Provincia facilita la mesa, pero no puede obligar a nadie a cobrar menos ni a esperar más.”Mariano Etcheverry, Puerto y pesca