Una de las socias de la concesionaria de Pilar declaró ante la Justicia y apuntó contra compradores morosos

Cynthia Chamoles, socia y pareja de Carlos González —titular de la concesionaria Autos Pilar Premium—, declaró esta semana en calidad de imputada ante el fiscal Andrés Quintana, en el marco de la causa que se tramita bajo la carátula por estafa y administración fraudulenta, y apuntó contra los compradores que, según su versión, generaron el desfasaje financiero que habría motivado la operatoria irregular. La mujer, de 44 años, había sido detenida junto a González —de 43— en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido bonaerense de Pilar.

En su indagatoria, Chamoles sostuvo que el incumplimiento se originó en un grupo de clientes que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar sus cuotas en el último período. Precisó que la empresa conserva pagarés documentados por entre quinientos mil y seiscientos mil dólares y que el total de deudas a cobrar asciende a cerca de dos millones de dólares. La investigación procura determinar, en paralelo, qué proporción de esos créditos es efectivamente exigible y cuánto constituye un argumento defensivo para desplazar la responsabilidad hacia los compradores.

Deudores señalados en la declaración

• Un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, al que la firma entregó una Land Rover Evoque con una deuda de 120.000 dólares, según declaró Chamoles.
• Una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación fue considerada por la socia como clave para recuperar liquidez.
• Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta.
• El diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

La pesquisa, según lo que se desprende del expediente y de las constancias incorporadas hasta el momento, registra hasta el momento al menos treinta y cinco damnificados, aunque la cifra podría modificarse a medida que se recepcionen nuevas denuncias y se avance con las pericias contables. La instrucción procura reconstruir el flujo de fondos de la concesionaria entre los años en que la firma operó primero en un local del Shopping Champagnat y luego en una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, etapa en la que —según reconoció el propio González— llegó a vender unos cien vehículos por mes.

“Nos debemos 120.000 dólares del Evoque y nunca nos pagó.”Cynthia Chamoles, en su declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana

Por su parte, González describió un descalce financiero cercano a los seis millones de dólares y atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no habilitada. Tras la orden del juez federal de Campana de retirar los vehículos del lugar, cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y su procesamiento por desobediencia, antecedente que la defensa procura desligar del cuadro actual pero que la investigación mantiene como un hito relevante para explicar la caída de la firma.

El expediente se encuentra en etapa de instrucción. El próximo paso procesal será la realización de las pericias contables sobre la documentación secuestrada y la eventual ampliación de declaraciones indagatorias, con el objetivo de determinar si las deudas mencionadas por Chamoles son reales, exigibles y suficientes para deslindar la responsabilidad penal que les achacan los damnificados. La Fiscalía no fijó aún una fecha estimativa para el cierre de la investigación, aunque fuentes del caso estiman que la ronda de medidas podría extenderse durante las próximas semanas.